Se trata de la otra cara de la crisis carcelaria. Un condenado por femicidio, cuya sentencia aún no está firme, que padece varias y graves enfermedades, espera que la muerte no lo sorprenda antes de que la Justicia le otorgue el arresto domiciliario. Profesionales y la parte acusadora no se opusieron a que se le otorgue esta medida.
Gabriel Pérez Soto fue condenado en diciembre pasado a perpetua por el femicidio de María Cristina Ávila. Los jueces de la Sala II, Stella Maris Arce, María Fernanda Bahler y Eduardo Romero Lascano, en el mismo fallo, decidieron extenderle la prisión preventiva, por lo que ya lleva más tres años detenido.
Su defensor Álvaro Zelarayán pidió que se le otorgue el arresto domiciliario después de haber comprobado que su vida estaba en peligro. Adjuntó las pruebas que él había recolectado y pidió que el caso sea analizado por un médico del Poder Judicial. “Aconsejo, dado el mal estado del interno, se le conceda esa medida para un mejor tratamiento higiénico, dietético y farmacológico”, dictaminó el médico forense Alberto Pacheco. El profesional que atiende en Villa Urquiza, que es cirujano, se opuso, pero consideró que se hiciera una junta médica. Llevado el planteo a la fiscala de Cámara Estela Giffoniello también dictaminó que continuara detenido en un domicilio con el control de una pulsera y solicitó que se le corriera vista la querella para que diera a conocer su opinión. El trámite se inició en agosto y los magistrados no resolvieron el planteo.
“Su estado de salud se deteriora diariamente. En septiembre del año pasado contrajo covid y se salvó de milagro. En los últimos meses perdió 10 kilos de peso y numerosas piezas dentarias como consecuencia de sus males. Le pregunto quién se hará cargo si se muere”, explicó Zelarayán.
Natalia Pérez Soto, hermana del condenado agregó que no está recibiendo la alimentación correspondiente y, a pesar de las recomendaciones de los profesionales que lo atendieron, comparte celda con siete internos y uno de ellos padecería tubercolisis. “En el penal no hay agua potable y los nutricionistas quieren hacerle creer a los jueces que un pastel de papa, una albóndiga y arroz hervido y una sopa que no se sabe de qué está hecha es comida saludable. Todo está documentado con fotografías”, manifestó.
Zelarayán indicó que está acreditado que el sábado 11 tuvo un pico de presión. “Sólo le dieron tres pastillas y nada más. El domingo, al no revertirse el cuadro, sólo pudo ser atendido por el enfermero, ya que ese día no hay médicos en el penal. Y como si eso no fuera poco, tampoco funcionaba el tensiómetro”, agregó el profesional.
La causa
Por otra parte, los familiares consignaron que esperan la resolución de la apelación de la sentencia a la que arribaron los jueces. “No hubo ningún testigo que acredite que haya habido una discusión previa y mucho menos, uno que la haya visto a mi hermano arrojarla del balcón”, señaló la hermana del condenado.
“Todas las pericias médicas y técnicas realizadas no pudieron determinar si se trató de una caída accidental, un suicida o homicida. Lo único que pretendemos es que se le haga un nuevo juicio. Pero lo que más nos preocupa en estos momentos es que se atiendan sus problemas de salud. Habrá tiempo para demostrar que es inocente”, concluyó Pérez Soto.